La recurrencia al Real Decreto-ley como modo habitual de legislar en los últimos tiempos puede hacernos perder de vista su naturaleza excepcional y exclusiva para casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE).
Bajo el expresivo título «Normalización del decreto-ley: un abuso que se consolida», el Informe de Estado de derecho 2024 de la Fundación Hay Derecho nos dice«El 27% de las normas aprobadas en 2022 fueron decretos leyes. Esa cifra aumentó hasta el 32% en 2023, confirmando el abuso que se hace de esta figura, con el consiguiente menoscabo de la función legislativa del Parlamento y el inevitable deterioro del proceso parlamentario deliberativo. Ningún decreto-ley de todos los tramitados como proyecto de ley en 2022 y 2023 han terminado siendo aprobados como ley”. Poco más puede añadirse.
La reflexión viene al caso porque acabo de ojear el Real Decreto-ley 5/2024 (modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación RTVE) y parece que el Gobierno va ya a calzón quitado.
En la exposición de motivos —con la extensión producto de la casa— se nos viene a decir que ya se hizo algo parecido en el Real Decreto-ley 4/2018, también del Pte. Sánchez, y que “fue avalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 134/2021”. Vamos, que lo hacen porque pueden, sin siquiera matizar que la meritada sentencia declaró inconstitucionales partes de aquel decreto ley. La extraordinaria y urgente necesidad se justifica así: “para desbloquear la situación institucional en la que se encuentra actualmente la Corporación RTVE, y para adaptarlas a las necesidades del mercado audiovisual el presente real decreto-ley introduce una serie de modificaciones en el régimen jurídico de la elección de los miembros del Consejo de Administración, de la presidencia de la Corporación y del procedimiento de aprobación de los mandatos-marco”. Traducido: la ley de RTVE exige que lleguemos a mayorías cualificadas, como no somos capaces, cambiamos la ley. Y tan anchos.
Cuando una ley exige mayorías cualificadas para tomar una decisión es porque la decisión se considera relevante y requiere amplio consenso. Si la decisión está bloqueada porque ese consenso no se alcanza lo que deberán hacer nuestros políticos, que para eso cobran, es pulir posturas, realizar propuestas más atractivas, convencer, ceder, … en definitiva, trabajar con responsabilidad. Si no son capaces de alcanzar ese consenso, tal vez por andar más pendientes de lanzar tuits y sinsorgadas varias allí donde les ponen un micro, son unos incompetentes. Los unos, los otros y los que les rodean. Y la incompetencia no es razón para sortear las mayorías que la ley establece mediante el uso del decreto ley.
Guito (Iñigo, Iñiguito, Guito) era el más menudo de los que jugábamos a fútbol en la campa del barrio. Hasta los más bajitos le sacábamos cabeza y media. Una tarde Guito metió gol con la mano. Fue tan evidente que todos le miramos en plan de qué vas y, pillado como estaba, nos soltó “es que si no es con la mano a ver cómo meto”. Nos reímos un rato, alguno le revolvió con cariño el pelo y, por supuesto, el gol no contó. De niños ya teníamos más sentido común que los que nos dirigen.
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